Consideran que este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear al no emitir gases con efecto invernadero.
Las eléctricas han visibilizado hoy lo que llevan advirtiendo desde hace tiempo. Que si el decreto ley que hoy ha aprobado el Gobierno, por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico salía adelante en estos términos, los titulares de las plantas acordarían el cierre de las nucleares españolas. Entre ellas la de Trillo, cuya mayoría es de Iberdola.
Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, la organización que hace funciones de portavocía del sector nuclear, ha sido hoy muy elocuente en un comunicado: "En el caso de que este proyecto de Ley se aprobase y entrase en vigor, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas".
Y más adelante, añade: "De haber estado en vigor este proyecto de Ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales.Si entrara en vigor, la Ley no debería aplicarse de forma retroactiva en ningún caso", se avisa desde el Forto Nuclear. El permiso de funcionamiento de la central de Trillo vence en noviembre de 2024 y todavía no se ha solicitado su renovación por la propiedad.
La cuestión de fondo es que para Foro Nuclear este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear, al no emitir CO2. "Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear", se añade desde el Foro. Su presidente y portavoz lo deja así de claro: "El proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, en los términos en los que está planteado, unido a la excesiva presión fiscal actual, abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear".
El proyecto de Ley tiene como finalidad minorar el precio del CO2 de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO2.
Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, "se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes",se reitera desde el Foro Nuclear.
El portavoz del sector nuclear español, subraya que "la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 €/MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 -en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero- le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad".
Pérdida de puestos de trabajo, mayor dependencia del exterior e incremento de la volatilidad del precio en el mercado
Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista. Impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 Mt/año”.
El permiso de Trillo caduca en noviembre de 2024
En una entrevista que Guadalajara Diario mantuvo con el presidente del Foto Nuclear para hablar de este asunto, Ignacio Araluce se mostraba esperanzado en que las cosas iban a cambiar. Pero ha pasado el tiempo, y lo que se temía el sector nuclear ha sucedido: el Gobierno se ha enrocado.Araluce reivindicaba le continuidad de las centrales en base a que "siguen siendo necesarias para el sistema eléctrico", por lo que deducía que entonces deberán seguir funcionando: "Por eso pensamos en que a alguna solución vamos a llegar".
Y acababa así la entrevista: "Evidentemente, si nadie quiere arreglar la situación, si nadie quiere intervenir bajando los impuestos y fijando un precio determinado para la generación nuclear, evidentemente tendría que terminarse. Pero no es que estemos planificando el cierre. Aunque si no hay dinero es como todo. No se podrá seguir en funcionamiento".
- El PP en contra de un posible adelanto de cierre de la nuclear de Trillo
OPINIÓN: 17 de noviembre de 2024. Por Santiago Barra